Embajada de la República Argentina en República Oriental del Uruguay

Sección cultural: Objetivos y acciones

 

Derechos Humanos en la República Argentina: Política de Estado

El 25 de julio de 2003 se inició en la Argentina un proceso inédito de erradicación de la impunidad con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), que permitió consolidar como política de Estado la promoción y protección de los derechos humanos incorporada a la agenda política interna y externa de la Argentina desde la recuperación de la democracia en 1983. Ese día, el primer obstáculo jurídico para investigar y sancionar aquellos crímenes fue removido: el Poder Ejecutivo derogó el decreto 1781/2001 que impedía la extradición de argentinos acusados por crímenes de lesa humanidad en otros países donde las víctimas acudieron ante la impunidad vigente en nuestro país. Seguidamente se removieron los dos obstáculos jurídicos que quedaban: el Congreso declaró nulas las leyes de obediencia debida y punto final y la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales, con base en el derecho internacional de los derechos humanos incorporado con rango constitucional al ordenamiento jurídico interno de la Argentina. La remoción de estos tres obstáculos jurídicos permitió que la Argentina consolidara una experiencia única a nivel mundial en materia de memoria, verdad, justicia y reparación, cuyos detalles se sintetizan a continuación.

Antecedentes

Desde el retorno de la democracia en 1983, gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y a la voluntad del primer gobierno democrático se produjeron avances para la búsqueda de la verdad y la erradicación de la impunidad, principalmente a través del establecimiento de la CONADEP (1983) y el Juicio a las juntas (1985).

Sin embargo, luego se registraron importantes retrocesos que impidieron la persecución penal de los autores de las atrocidades (Leyes de impunidad e indultos). Es recién a partir de 2003 que la madurez alcanzada por el pueblo argentino y sus instituciones permitieron que los tres poderes del Estado removieran todos los obstáculos legales existentes con el fin de identificar y sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Este cambio fue apoyado por todos los partidos políticos, cuando el 12 de mayo de 2010, el Congreso aprobó por unanimidad una declaración, en ocasión del Bicentenario, indicando que los juicios de lesa humanidad tienen como objetivo consolidar una política de Estado que está por encima de las banderías partidarias.

Principales desarrollos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación

En toda sociedad que ha sufrido atrocidades masivas en su pasado reciente, la verdadera garantía de no repetición reside en la capacidad de consolidar los cuatro pilares básicos de erradicación de la impunidad: memoria, verdad, justicia y reparación.

A continuación se detallan las características de la experiencia argentina en la materia, la cual ha colocado al país a la vanguardia mundial.

MEMORIA:

Educación para la memoria:

A través del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación (con base en el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206; para más información véase http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/programas/educacion-y-memoria), entre otras iniciativas similares de las provincias, se está consolidando una política educativa que promueve la enseñanza de la historia reciente, mediante la elaboración y puesta a disposición de materiales y acciones de capacitación docente a nivel nacional. Esta política se encuentra incluida en el Plan Quinquenal de Educación Obligatoria y Formación Docente, mediante Resolución 188/12 del Consejo Federal. Así, desde el nivel primario de enseñanza, todos los alumnos de la Argentina reflexionan y debaten sobre las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar. Ello se complementa con programas educativos audiovisuales sobre la materia a través de canales públicos educativos y televisión digital, que apuntan a concientizar a los niños acerca de la importancia de los derechos humanos para la construcción de una sociedad democrática.

Sitios, espacios y monumentos de memoria:

La Ley Nacional N° 26.691 de 2011 declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos aberrantes del accionar de la represión ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los más de 600 sitios de memoria, por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones  judiciales.

En particular, los espacios de memoria son sitios que se han reconvertido en ámbitos donde se llevan adelante de modo permanente actividades de memoria, investigación, educación y promoción de derechos, como los ex centros clandestinos de detención Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Olimpo en la ciudad de Buenos Aires, Mansión Seré en Morón, provincia de Buenos Aires, y la D-2, La Perla y el Campo de la Ribera en la provincia de Córdoba, entre otros (para más información y mapas sobre sitios de la memoria véase: http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/red-federal-de-sitios-de-la-memoria.aspx). En la ex  ESMA, donde alrededor de cinco mil personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas o desaparecidas, ahora tendrán su sede, entre otros, el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos, con auspicio de la UNESCO, y el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR.

Por otro lado, se ha erigido el Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, un espacio público de catorce hectáreas de extensión, ubicado en una franja costera de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata. Constituye un lugar de memoria que conjuga la contundencia de un monumento donde están inscriptos los nombres de los desaparecidos y asesinados por el accionar represivo estatal, la capacidad crítica que despierta el arte contemporáneo y el contacto visual directo con el Río de la Plata, testimonio mudo del destino de muchas de las víctimas (para imágenes y descripción del parque, véase http://parquedelamemoria.org.ar).

Día de la memoria - Eventos en el exterior

El 20 de mayo de 2006 se promulgó la ley que instituyó el 24 de marzo, día en que se ejecutó el último golpe de estado en la Argentina, como feriado nacional por el Día de la memoria por la verdad y la justicia. Desde antes del 2006 y todos los años se realizan marchas por la memoria en diferentes puntos del país. Todos los 24 de marzo de cada año, además de los actos en el país, las representaciones argentinas en el exterior realizan eventos conmemorativos a través de diferentes expresiones culturales, políticas y académicas.

Arte por la memoria

Entre otros tipos de expresiones artísticas, el cine (en http://www.memoriaabierta.org.ar/ladictaduraenelcine se puede encontrar un buscador de películas sobre las dictaduras en Latinoamérica), la televisión (en http://www.abuelas.org.ar/comunicados.php?comunicados=tv.php&der1=der1_tv.php&der2=der2_rad.php se encuentran disponibles o se referencian las principales emisiones televisivas sobre la recuperación de la identidad de hijos apropiados) y el teatro (como iniciativa de vanguardia al respecto, véase http://www.teatroxlaidentidad.net/) han generado una masa crítica de material y actividades que garantiza que la reflexión y memoria sobre ese período de la Argentina se mantengan vivos en la sociedad argentina.

VERDAD

La CONADEP fue el principal antecedente de la búsqueda de la verdad por parte de la sociedad argentina apenas recuperada la democracia. Desde entonces, el derecho a la verdad ha tenido un desarrollo progresivo constante.

Archivos

Se han constituido, recuperado y desclasificado archivos sobre la dictadura a lo largo de todo el país. A tal efecto se creó en 2003 el Archivo Nacional de la Memoria, responsable de la preservación y estudio de la documentación referente a las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, que incluye la custodia y análisis de los testimonios que integran el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), de los testimonios recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos con posterioridad al trabajo de la CONADEP histórica y que siguen recibiéndose hasta la actualidad; y de las numerosas causas judiciales en las que se investiga el accionar del terrorismo de Estado, entre otros documentos.

Parte de ese patrimonio documental ha sido incorporado al Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

La Cancillería Argentina ha desclasificado documentos y ha creado un buscador en línea que ha puesto a disposición del público, hasta el momento, 5830 documentos emitidos por el Ministerio en el período 1976-1983 (http://desclasificacion.cancilleria.gov.ar/).

Con base en los logros señalados anteriormente y teniendo en cuenta el vasto desarrollo histórico y judicial que tiene el derecho a la verdad en la Argentina, nuestro país ha impulsado iniciativas que lograron que este derecho fuera reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos (por razones de brevedad, se consignan solo los desarrollos más recientes en cada uno de esos ámbitos: Resolución sobre el derecho a la verdad de la Asamblea General de Naciones Unidas, A/RES/68/165, del 2013; Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad, aprobada el 10 de octubre de 2012 y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad en América, de noviembre de 2014).

Acuerdos bilaterales sobre archivos

La Argentina ha suscripto memoranda de entendimiento con Brasil, Chile y Uruguay que permiten compartir documentación y facilitar la cooperación entre los archivos de estos países que contienen información relativa a delitos de lesa humanidad cometidos durante sus respectivas dictaduras o en el marco de la Operación Cóndor. Esta cooperación ha reemplazado la integración para la coordinación represiva que estuvo vigente en esos países, lo cual enorgullece a toda la subregión.

Derechos humanos y ciencias forenses

Por su experiencia en la investigación de desapariciones forzadas, la Argentina aporta, a través del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cooperación técnica en materia de ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- para la investigación de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica, Africa, Asia y Europa. El EAAF es una organización no gubernamental y sin fines de lucro de las más destacadas a nivel mundial en su materia.

En línea con ello, la Argentina logró, entre otras iniciativas, la aprobación de dos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre Genética Forense y Derechos Humanos (resolución 10/26 del 27 de marzo del 2009 y 15/5 de septiembre de 2010).

Recuperación de la identidad de niños apropiados

Gracias a la búsqueda permanente de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo y de otras organizaciones, al avance de la justicia, a las campañas de difusión y a los aportes científicos del EAAF y del Banco Nacional de Datos Genéticos, al día de la fecha se ha recuperado la identidad de 116 personas apropiadas por el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de su red consular, continúa colaborando en los procedimientos para la identificación de los cientos de personas que aún no conocen su verdadera identidad.

JUSTICIA

A partir de la remoción de los obstáculos jurídicos para la identificación y sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad mencionados en el punto I, la Argentina se encuentra realizando un proceso que no tiene antecedentes en la historia: los crímenes de estado cometidos durante la última dictadura se juzgan en la justicia local, a través de los jueces naturales que indica la constitución y mediante procesos ordinarios, en juicios orales y públicos, aplicando el derecho penal común y con pleno respeto del debido proceso.

Desde 2006 a junio del 2015, 645 personas recibieron sentencia. 592 han sido condenadas y 53 absueltas. Además existen 889 procesados en el marco de 458 causas aún activas (para más información, véase: http://www.mpf.gob.ar/lesa/recurso. Asimismo: http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/informes

Por su valor histórico y el carácter pedagógico que tienen, así como también para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia dispuso mediante Acordada 29/08 promover, en los casos judiciales de trascendencia pública, la difusión radial y televisiva de los actos iniciales, los alegatos, la discusión final y la lectura de sentencia, en su parte dispositiva y fundamentos de las causas elevadas a juicio oral.La Cancillería Argentina coopera con este proceso sustanciando audiencias testimoniales en sus representaciones en el exterior a través de videoconferencias, las cuales de otro modo no podrían realizarse debido a los costos que implica el traslado de los testigos argentinos residentes fuera del país. Al solo efecto ilustrativo, se señala que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 ha recibido 42 testimonios por esta vía.

REPARACION

Sin perder de vista que la mejor reparación que puede recibir una víctima de un delito de lesa humanidad es ser oído en un proceso judicial y saber que la responsabilidad de los victimarios es ventilada en ese marco, cabe destacar que el Estado Argentino ha creado además un completo conjunto de leyes indemnizatorias con el fin de reparar los daños que cometió durante la última dictadura. Esta normativa abarca, entre otros beneficiarios, a ex detenidos, a familiares de desaparecidos o asesinados, a nacidos en cautiverio o menores detenidos y a exiliados

Otras iniciativas internacionales impulsadas por la Argentina

Con base en la experiencia que la Argentina posee en esta materia, además de las iniciativas internacionales más arriba señaladas, también ha impulsado en el ámbito de la ONU la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; la creación del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Justicia de Transición (la última resolución sobre Derechos Humanos y Justicia de Transición de este organismo es la 21/15 del 11 de octubre de 2013).

Los pilares para una nueva agenda de derechos humanos: un puente entre el pasado y el futuro

Estos desarrollos sobre el tratamiento del pasado reciente, iniciados por la Argentina a partir de 1983 y consolidados como política de Estado a partir de 2003, constituyen la base para la realización de nuevos progresos en materia de derechos humanos, los cuales también son observados con atención por la comunidad internacional. Ejemplo de ello son las políticas de inclusión social centradas en el respeto a los derechos económicos y sociales; la integración de los migrantes al desarrollo nacional desde una perspectiva de los derechos humanos, sin importar su condición migratoria; la normativa de vanguardia sobre Identidad de Género, Muerte Digna, Matrimonio Igualitario y Salud Mental; la ejecución del Plan Nacional Contra la Discriminación, que ha permitido erradicar muchas prácticas y normas discriminatorias y la cobertura universal del sistema previsional (para un desarrollo más completo sobre esta nueva agenda de derechos humanos, véase también 10 años de políticas públicas para la inclusión y la igualdad, compilado normativo al cual también se puede acceder en http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2013/08/politicas-publicas-para-la-inclusion-y-la-igualdad11.pdf).

En síntesis, la ampliación en el reconocimiento de derechos y los desafíos actuales en materia de derechos humanos se asientan hoy sobre las bases sólidas de las garantías de no repetición de las atrocidades que se cometieron en el pasado reciente.
 

 


 

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular





 

 

 
 
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